La mayoría de ciudadanos considera que la política migratoria española es demasiado permisiva. Así lo revela la última encuesta del Instituto DYM para 20minutos, que en esta edición ofrece un apartado concreto sobre la cuestión migratoria, un tema candente de los últimos meses que ha provocado más de un enfrentamiento entre las principales fuerzas políticas del país.
Concretamente, dos de cada tres españoles sostiene que el control de entrada de los inmigrantes es «demasiado permisivo», frente a un 23% que sí que diría que es «adecuado». En contraposición, apenas el 4,4% asegura que la política migratoria es, en España, «demasiado estricta».
La encuesta, que recoge las repuestas de 1.016 entrevistas online aleatoria realizadas entre el 10 y el 15 de septiembre de 2025, evidencia también un endurecimiento de la posición respecto a la inmigración: la mitad de los encuestados está «completamente» o «bastante de acuerdo» con que la inmigración contribuye a aumentar la inseguridad. Uno de cada cuatro dice no estar «de acuerdo ni en desacuerdo» con esa afirmación, y en torno al 22% rechaza esa idea.
También se preguntó sobre otra de las cuestiones más comentadas este verano: la reubicación obligatoria, al resto de comunidades, de los menores migrantes no acompañados procedentes de las regiones más sobrecargadas. La reforma, impulsada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ya está en marcha; aunque queda por pronunciarse el Tribunal Constitucional (TC) después de que la mayoría de autonomías gobernadas por el PP presentasen ciertos recursos al tribunal de garantías.
Mientras tanto, más de la mitad de los encuestados —el 54,7%—, opina que estos niños y adolescentes extranjeros deberían ser «repatriados», en lugar de estar tutelados por las comunidades autónomas. Pero más de uno de cada tres sí que está de acuerdo con «acogerlos y proporcionarles formación y tutela» hasta que cumplan los 18 años. Sobre el reparto impuesto por el Gobierno en la reforma de la ley de extranjería, casi siete de cada diez españoles defiende que es algo que debería acordarse «conjuntamente» con las comunidades autónomas; mientras un 18,7% sí que defiende que sea obligatorio.
Las posturas, no obstante, varían según el autoposicionamiento ideológico de las personas encuestadas: mientras aquellos que votaron a la derecha o a la ultraderecha en las pasadas elecciones son más duros con la situación migratoria actual; los que optaron por la izquierda se muestran más conformes.
En la pregunta que aborda el control de entrada de los inmigrantes, por ejemplo, en torno a un 85% de los votantes del PP y Vox consideran que la política de inmigración española es «demasiado permisiva» (20 puntos más que la opinión general). En cambio, más de uno de cada tres votantes socialistas o de Sumar consideran que es «adecuada», aunque el 54% de los partidarios del PSOE sí que creen que es demasiado permisiva (el 45% de los de la formación liderada por Yolanda Díaz).
En esa línea, los votantes de izquierdas son los que muestran mayor rechazo a la aseveración de que la inmigración contribuye a aumentar la inseguridad. Casi el 36% de aquellos que eligieron la papeleta del PSOE en los comicios generales del pasado 23 de julio de 2023 dicen estar «bastante» o «completamente en desacuerdo» con esa afirmación, otro 20% no está de acuerdo ni en desacuerdo; y apenas el 15,9% dice estar «completamente de acuerdo» con ello. Algo parecido ocurre con los votantes de Sumar: casi la mitad (el 48,8%) no comparte esa idea; frente a un 12% que dice estar «completamente» de acuerdo y otro 16,6% que está «bastante» de acuerdo.
Sin embargo, los votantes socialistas se muestran algo más divididos en torno a las medidas que deberían adoptarse con los menores migrantes no acompañados. La mitad sí es partidaria de acogerlos y proporcionarles formación y tutela hasta su mayoría de edad, pero hay un 43,5% nada desdeñable que aboga por repatriarlos (frente al 31,6% de los de Sumar que también defiende las deportaciones). Su postura está, no obstante, muy lejos a la del 85% de los de Vox que apuestan por la repatriación y el 71% del PP.
Otro punto llamativo es que la mayoría de todos los votantes, independientemente de la orientación ideológica, defienden que el traslado de menores migrantes se lleve a cabo a través de un consenso con las autonomías. Los del PSOE son los que presentan una mayor proporción de partidarios de «imponer» ese reparto (el 23,1% así lo defiende), aunque hay un 70% que sigue considerando necesario el previo acuerdo. En el lado contrario, los que votaron a Alberto Núñez Feijóo en la última llamada a urnas son los que menos defienden una imposición del reparto (9,1%) y más abogan por un acuerdo conjunto con los gobiernos autonómicos (83,9%). Algo más de dos de cada diez partidarios de Santiago Abascal, sin embargo, cree conveniente ese mecanismo obligatorio de reubicación de menores, aunque sigue siendo mayoría (59%) los que apuestan por un diálogo con las autonomías. Una postura muy similar a los de Sumar: el 18,5% está a favor de la medida aprobada por el Ejecutivo central; mientras el 63% prefiere un acuerdo con los territorios afectados.
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